RESPETO AL MEDIOAMBIENTE , LALEY SANCIONADA NO LO CONTEMPLA

El presidente de la Comisión de Población de la Cámara baja, Antonio Riestra (Unidad Popular-FAP), señaló con preocupación que la ley de Soberanía Energética aprobada el jueves pasado que estableció la expropiación del 51 por ciento de YPF y declaró el interés nacional en el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos “nada dice sobre el cuidado del ambiente y el respeto por los territorios indígenas, en las diferentes etapas de la actividad extractiva”.

Riestra apuntó a un vació en el artículo tercero de la ley en el cual se enumeran los principios de la política hidrocarburíferas: "Creemos que el cuidado del ambiente, la sustentabilidad en todas las etapas de la extracción de hidrocarburos, debe ser uno de ellos. Sin embargo la ley no lo menciona”, dijo.

El diputado santafesino resaltó que “muchas de las concesiones hidrocarburíferas se encuentran en territorio indígena” y que “los pueblos originarios reclaman que se exprese en el texto de la ley el respeto a los derechos de los territorios comunitarios”.

“Esta preocupación es central para las comunidades afectadas por la explotación petrolera ya que en las últimas décadas, el Estado provincial y federal no garantizaron sus derechos, produciendo desalojos y conflictos ambientales y sociales”, subrayó.

Asimismo el diputado solicitó “que se incluya entre los principios enumerados en el artículo tercero la explotación sustentable, ambientalmente responsable y respetuosa de las comunidades cercanas a los yacimientos, garantizando el cumplimiento del convenio 169 de la OIT respecto de territorios y comunidades indígenas”.

“Tanto en el debate como en el texto del proyecto se privilegió la cuestión económica en desmedro de abordajes ambientales y sociales. Para obtener el autoabastecimiento como se plantea en la ley parece querer recurrirse a los yacimientos no convencionales, lo que generará un escenario de profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo demuestra la experiencia internacional. Las actividades extractivas de este tipo representan y generan en la actualidad grandes costos ambientales y sociales. La explotación de yacimientos no convencionales requiere de procesos enormemente contaminantes”, apuntó Riestra.

“Creemos que una mayor participación estatal en la actividad debe asegurar el cumplimiento de la Constitución Nacional, garantizando los derechos de los pobladores a un ambiente sano y de los pueblos originarios sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, derechos que las empresas transnacionales del sector vienen vulnerando y desconociendo en nuestro país” concluyó el diputado.